31 de Marzo, 2025
El Centro UC de Estudios Longitudinales congregó a expertos nacionales e internacionales este 27 de marzo de 2025 en el Salón de Honor de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile para debatir los alcances de la histórica reforma al sistema de pensiones, aprobada en enero de este año. Con transmisión en vivo por emolTV, el evento contó con la participación del Ministro de Hacienda, Mario Marcel, y destacados académicos como Nicholas Barr (London School of Economics), David Bravo (UC), Paula Benavides (Espacio Público) y Soledad Hormazábal (Horizontal), quienes analizaron los logros, riesgos y desafíos operativos del nuevo modelo mixto que combina capitalización individual con solidaridad estatal.
Expertas/os invitados:
Los desafíos de un modelo de diversos pilares
La reforma, aprobada con amplia mayoría parlamentaria, introduce un aumento del 7% en las cotizaciones patronales (6% a cuentas individuales y 1% para equidad de género) y crea el Fondo Autónomo de Protección Previsional, destinado a incrementar las tasas de reemplazo a corto plazo. Nicholas Barr, experto en políticas sociales de la LSE, destacó que el diseño chileno «combina ingenio económico y viabilidad política», al equilibrar ahorro individual con mecanismos de protección inmediata, como el beneficio de 0.1 UF mensuales por año cotizado para jubilados con más de 20 años de aportes.
No obstante, advirtió sobre la complejidad de gestionar un sistema con múltiples pilares: «Las pensiones deben cumplir tres objetivos: suavizar consumo, asegurar contra riesgos y aliviar la pobreza. Ningún país lo logra con un solo instrumento». Barr subrayó que, aunque Chile avanza hacia un modelo más robusto, la calidad institucional y burocrática será clave para evitar impasses como los observados en sistemas como Grecia o Argentina.
Equidad de género y brechas persistentes
Soledad Hormazábal, investigadora de Horizontal, profundizó en las desigualdades estructurales del sistema previsional chileno, revelando que las mujeres enfrentan una brecha crónica incluso tras la reforma. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, las nuevas jubiladas en 2025 recibirán una pensión autofinanciada mediana de 45.187, más de cinco veces menor que los 157.204 de los hombres. Esta disparidad se agrava por trayectorias laborales intermitentes —solo el 42% de las mujeres en el quintil de mayores ingresos cotiza de manera continua, frente al 71% en el quintil más vulnerable— y por la carga desproporcionada de labores de cuidado no remuneradas, que afectan al 78% de las mujeres según la Casen 2022. La reforma intenta mitigar esto con un subsidio del 1% patronal para igualar pensiones de mujeres que retrasen su jubilación hasta los 65 años y un bono de 0.25 UF mensuales por expectativa de vida, beneficiando a 728.420 mujeres en 2025.
Sin embargo, Hormazábal criticó que el diseño de estas medidas sea regresivo: el 80% del subsidio se concentrará en mujeres de altos ingresos, quienes tienen mayor capacidad de postergar su retiro, mientras que las de menores recursos —con una esperanza de vida 9.7 años menor que las más educadas— seguirán jubilándose a los 60 años, perpetuando la «doble penalización»: pensiones bajas y menos tiempo para disfrutarlas. Además, alertó sobre la ausencia de un seguro de dependencia severa, que dejaría fuera a 7.8% de los mayores de 65 años que requieren cuidados intensivos, mayoría mujeres de bajos ingresos. Concluyendo que sin políticas que reconozcan el trabajo informal de cuidados, la reforma solo araña la superficie de la inequidad.
Logros políticos y tareas pendientes
Paula Benavides, directora de Espacio Público, resaltó que la reforma se consolidó como un hito político al aprobarse con 110 votos en la Cámara y 40 en el Senado, superando los exigentes quórums de 2/3 y 3/4 respectivamente, tras una década de intentos fallidos y en un contexto de fragmentación partidista. «Este consenso, que incluyó desde la UDI hasta el Frente Amplio, demuestra que es posible construir acuerdos técnicos en medio de la polarización», afirmó. No obstante, subrayó que el éxito legislativo es solo el primer paso: la implementación exigirá aprobar tres proyectos de ley pendientes antes de 2026, entre ellos la incorporación obligatoria de trabajadores independientes —30% de la fuerza laboral, según el INE— y el traspaso del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia al nuevo Seguro Social Previsional.
Benavides advirtió que, sin incentivos claros, el aumento de cotizaciones podría profundizar la informalidad, hoy en 27%, y tensionar la sostenibilidad de la PGU, cuyo costo fiscal proyectado crecerá del 2% al 7% del PIB hacia 2050 si los reajustes se vinculan a salarios reales. «La reforma es un piso, no un techo —señaló—. Si no avanzamos en una reforma laboral que formalice el empleo precario y en un seguro de cuidados que alivie a las mujeres, el sistema seguirá reproduciendo desigualdades». Finalmente, recordó que la comisión técnica del senado ya identificó riesgos en la licitación de fondos generacionales y urgió a transparentar las carteras de inversión del Fondo Autónomo, clave para evitar desvíos políticos.
Puedes revisar y/o descargar las presentaciones a continuación:
El evento fue transmitido por EmolTV, puedes revisar la transmisión aquí!